El Pleno del Congreso ha rechazado una moción para regular la dación en pago de Izquierda Plural en la que instaba al Gobierno a adoptar en el plazo de tres meses cambios en la legislación hipotecaria y mercantil para permitir la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación de la deuda hipotecaria, sin que los bancos tengan la última palabra sobre si aceptarla o no.
La propuesta instaba al Gobierno a adoptar cambios en la legislación hipotecaria y mercantil en el plazo de 3 meses
La moción, surgida de la interpelación urgente en el Congreso del ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado 22 de febrero, en la que propuso a la banca la aceptación de una serie de buenas prácticas,incorporó una enmienda de Esquerra Republicana, contó con el apoyo explícito del grupo mixto y el PNV, la abstención del PSOE y el rechazo del PP.
Durante la defensa de la moción, que se resolvió con 36 votos a favor, 181 en contra y 118 abstenciones, el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiella Conesa recriminó al Gobierno por dedicarse a promocionar para la banca un código de medidas de aceptación voluntaria y rehusar regular derechos para las familias y obligaciones para las entidades financieras.
En su intervención, Coscubiella recordó los detalles de la moción “sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras”,encaminados a limitar el pago de intereses, así como los importes y plazos de las hipotecas sobre la vivienda, y precisó que su grupo es consciente del impacto que tendrá sobre las cuentas de la banca y de los beneficios que aportará a muchas familias con problemas.
El PP se aferra al “sentido común” de las propuestas presentadas por De Guindos
El diputado de CIU Pere Maciaspresentó una enmienda encaminada a “dar soporte jurídico” a la moción de Izquierda Plural consistente en la reforma de diversos aspectos de la Ley Concursal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para dotar de garantías jurídicas a la dación en pago y así poder promoverla.
Además, instó a la pronta reanudación de la subcomisión para la reforma del sistema hipotecario español, interrumpidos por las elecciones generales de noviembre pasado, para poder aprovechar sus trabajos.
La diputada del PP Irene Garrido Valenzuela defendió el “sentido común” de las propuestas presentadas por De Guindos en su interpelación con la intención de “evitar un problema mayor que el que intentamos solucionar”, al tiempo que adelantaba que el Gobierno “adoptará urgentemente medidas legales justas” sobre este cuestión.
Macías (CiU) instó a la pronta reanudación de la subcomisión para la reforma del sistema hipotecario español
Respecto a la enmienda presentada, Garrido indicó que trata de “huir de medidas demagógicas o extremas” y que propone la mejora de la ejecución de las garantías hipotecarias, la rebaja de los intereses moratorios o la dación en pago para personas “en situación de mayor necesidad”.
El diputado del PSOE Antonio Hurtado Zurera avanzó que presentará un proyecto de ley de insolvencia personal para evitar que todos los riesgos recaigan en ciudadanos y sean compartidos por las entidades bancarias, mediante el establecimiento de una moratoria de dos años en el pago de las cuotas y que se suspendan los embargos y desahucios de personas sin recursos.
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán adelantó que la próxima semana su grupo presentará un proyecto de ley sobre la dación en pago con el fin de “evitar la exclusión social” y añadió que se deben buscar más soluciones a la dación, como la mediación de los jueces entre bancos y particulares, para resolver los problemas generados por las deudas hipotecarias.
Uxue Barkos Berruezo, de Geroa Bai, denunció el drama que suponen los 300 desahucios diarios que se acometen en España y explicó que presentarán una proposición no de ley con la intención de controlar la evolución de los precios hipotecarios si se acepta regular la dación en pago, que no debe tener repercusiones fiscales.
El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldovi Roda, denunció que tanto el anterior gobierno del PSOE como el actual del PP solo protegen a las instituciones financieras y no amparan el derecho constitucional a la vivienda de los ciudadanos, al tiempo que anunciaba la recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular para regular la dación.
Pedro Quevedo Iturbe de Coalición Canaria calificó la pérdida de la vivienda como un drama relevante que condena a la exclusión social, por lo que apoyó la dación y la paralización de los desahucios.
F: El Mundo