Ley de Costas
Los propietarios de más 600 viviendas situadas a primera línea de playa en la provincia ya pueden respirar tranquilos después de que el Gobierno central aprobara ayer el anteproyecto de la nueva ley de Costas, que otorga una prorroga de 75 años en las concesiones y, por lo tanto, elimina la amenaza de los derribos.La modificación amplía la prorroga de las concesiones a 75 años para otorgar seguridad jurídica al propietario, según el Gobierno
La medida fue anunciada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la nueva normativa ha sido redactada «por la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente del litoral» que es, tal y como subrayó, la base también del turismo español.
En este sentido, subrayó que la norma, que será remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), tiene dos objetivos fundamentales: proteger el litoral y dar seguridad jurídica a propietarios y concesionarios.
Esta modificación de la normativa afectará especialmente en la provincia de Castellón a localidades como Moncofa, Cabanes, Almenara, Xilxes o Nules, que tienen una gran cantidad de viviendas construidas en primera línea.
Ptrecisamente el alcalde de este último municipio, Mario García, valoraba ayer «con optimismo y cautela» la presentación del borrador. Sin embargo, y ese a todas las precauciones, el responsable político de Costas en la provincia, remarcó que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, «ha cumplido con su compromiso y se ha confeccionado el documento en el plazo previsto»
Por otro lado, García prefirió «no hacer una «valoración precipitada» de lo que va a suponer para la provincia la modificación de la ley, por lo que anunció que el equipo de gobierno analizará la cuestión en profundidad. De este modo, el diputado provincial de Medio Ambiente quiere estudiar las propuestas para la nueva ley conjuntamente con los vecinos, así como consultar a la plataforma que se constituyó bajo el amparo de la Diputación.
Hay que recordar que en la provincia ya se han producido varios derribos de inmuebles que no cumplían con la anterior ley de costas. El último de ellos tuvo lugar en Almenara en noviembre del año pasado, en un caso polémico, ya que los propietarios afirmaban poseer una orden en la que se garantizaba que se paralizaba el proceso.
